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Manel Fontdevila, publicado en Público.

Ha vuelto a suceder. De nuevo, otro cargo público elude ser condenado por sus delitos. Carlos Fabra y la cúpula del PP habrán respirado tranquilos. Los jueces están con ellos. Si aún cabía alguna duda, definitivamente ha quedado despejada. Una artimaña legal ha permitido a su abogado alegar la prescripción del delito fiscal, pese a estar comprobado por la Agencia Tributaria. Una vez más, se pone de manifiesto que el Estado español no es de “Derecho”, sino de derechas (aunque lo cierto es que no funciona “a derechas”). También se confirma que la justicia es ciega, pero sólo cuando juzga a los poderosos, en cuya circunstancia juega la carta de alentar la impunidad política.

En la teoría jurídica, todos los individuos somos iguales ante la ley. En la práctica, unos lo son más que otros. En la teoría, Camps, Fabra, Barberá, Zaplana, Ripoll, Costa, Blasco y un largo etcétera de cargos políticos deberían de haber sido inhabilitados de por vida. En la práctica, el gallo que canta es otro (y no precisamente el gallo rojo de la canción popular). Kafka debe estar saludando con el sombrero levantado los sucesos de la vida político-judicial de este país, sobre todo teniendo en cuenta que, contra toda lógica, contra todo pronóstico, cuanto más nivel de corrupción recae sobre un político, más asciende éste en las encuestas. Camps volverá a ser elegido y Fabra ya se está planteando presentarse de nuevo, algo que antes del juicio tenía descartado.

La sentencia del cacique mayor de Castellón es, además, la confirmación de que en el País Valenciano vivimos un momento de excepcionalidad democrática. Aquí, el estado de alarma es perpetuo, desde la llegada al trono de la Generalitat del Molt Honorable. Alfonso Rus habló en cierto acto público de “rematar” a los profesores, acto seguido de llamarles “gilipollas” por emplear palabras “excesivamente catalanizadas” (sic). Está grabado, pero el juez, en un difícilmente acto de miopía, lo exculpó en el juicio que interpusieron contra él los aludidos, por injurias. El otro día, un fotógrafo  del diario Levante-EMV oyó lo que no tenía que oír en una comida que Rus ofreción con los periodistas: “Si la gente supiera lo que haría Rajoy, no lo votaría”. Así, público y notorio. Pues bien, faltó el aire para que el político amenazara con llevar el caso a los tribunales, negando haber dicho nada.

En cuestión está si nuestros políticos son en la práctica ciudadanos o si, por el contrario, actúan en un mundo externo, ajeno a toda ley. Si así fuera, la democracia valenciana estaría en el alambre, estrangulada por la dictadura de una clase política que no atiende a razones, que reclama en público lo que niega en privado. La vida privada de los políticos, lo que hagan con su dinero o con sus chancullos, a todos nos atañe, en el momento en que se beneficien de un cargo público para que toda su familia reciba regalos de un Papá Noel al que todos llaman “El Bigotes” o cuando una obra se adjudica a una empresa por el mero hecho de que su propietario esté afiliado al Partido Popular. Que el poder ejecutivo tutele al judicial tampoco ayuda. Hace falta una mayor independencia de los jueces, si éstos son nombrados a dedo por los partidos, ¿cómo vamos a esperar que quienes nos gobiernan se sientan amenazados?

El resultado de todo ese clima de impunidad es, como no, la desafección generalizada hacia la vida política.  La filosofía del “todos son iguales” no solo es falsa y populista, sino que ha sido promulgada por los adalides del nuevo liberalismo con tal de reducir el peso del gobierno y del estado al mínimo.

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