El consejero de cultura de Murcia

El mundo se paralizó el pasado 15 de diciembre. El consejero de Murcia había recibido una paliza -¡Oh, horror, la rebelión de las masas ignorantes!-. La democracia en suspenso. El temor de los políticos a una oleada de salvajes agresiones en detrimento de nuestra sacrosanta Constitución. Estado de alarma. S.O.S.

Al PP se lo ponen demasiado fácil. ¿Quién pensaba que no iba a aprovechar un acto violento para legitimarse en su buenismo? La jugada es, además doble, y de paso les sirve para confirmar lo que era un secreto a voces: el PSOE se ha pasado a la lucha armada -¡horror doble!-.

Una cortina de humo invade Murcia. Las criticas contra la mala gestión popular se disipan y la sociedad murciana se transforma en una suerte de País de las Maravillas donde reina la concordia y la paz. Porque todos estamos del lado de la democracia, porque quien no está con ella está contra ella, y, sin duda, los demócratas estamos en contra de esos violentos irracionales que atacan a los pobres politicos indefensos que solo buscan el bien del vulgo.

La presión está en alza y comienza a apretar las corbatas de más de uno. El clima político se calienta, hay un cruce de declaraciones, los dos partidos ultramayoritarios se tiran de los pelos ante una opinión pública atónita. Hay minutos de silencio en todos los ayuntamientos murcianos -sí, en España cualquier excusa es buena para descansar y dejar de producir, pero es que por Dios, ¡le han puesto el ojo morado al consejero de Murcia, qué menos!-.

En fin, que mientras la ciudadanía contiene el aliento, reclamando que se atrape el culpable de la agresión y Rajoy pide que dimita el delegado del gobierno del PSOE, solicitando que se atrape al culpable, los socialistas, temiendo por el futuro en las urnas, ordenan con agilidad a la policía nacional que detenga a alguien: quién sea, pero que lo detengan ya, para que todos estemos más tranquilitos. Dicho y hecho: el consejero identifica a un hooligan izquierdoso que ya fue detenido otra vez por no-se-qué-cosa. Todo encaja: al trullo.

Pasan las horas, sin embargo, y la brillante operación policial se transforma en una berlanguiana cagada policial: el móvil del detenido aparece a kilómetros del lugar donde tuvo lugar la agresión, el detenido ni siquiera conoce al consejero -por dios, hasta donde llega el descrédito de los jóvenes por la política- y Pedro Alberto Cruz reconoce que en realidad los policías identificaron al chaval por él, que no lo había visto en su vida.

Se podría haber corrido un tupido velo y aquí-no-ha-pasado-nada, si no fuera por la existencia de esas alimañas sedientas de carne, estimuladas también por la presión política, que contaron con pelos y señales quién era el detenido, qué talla de zapatillas usaba y hasta qué negocio regentaban sus padres: Los medios de (des)información -qué sería de nosotros sin ellos y su eficiente labor de intermediación-. Su foto en primera página, su nombre con todas las letritas y su porvenir, a la papelera de reciclaje -con la de paro que hay hoy en día-.

De todas formas, como es un “radical extremista de izquierda” con antecedentes, no pasa nada: total, carece de racionalidad alguna. Qué brillante etiqueta esa: qué sería de la prensa sin esos radicales antisistema que tanto sirven para justificar la agresión a un consejero como para culpar a alguien sobre la muerte de Chanquete. No importa cuán grave allá sido la barbaridad (¡sí, el guión del último capítulo de Los Serrano también lo hicieron los antisistema!), que allí estará ese cuerpo abstracto de personajes malcriados que les gusta rebelarse contra Papá Estado (¡pobres infelices!). ¿Que hay bombas por toda Europa? ¡Antisistemas, joder, si es que son como las ratas, están por todas partes! ¡Ellos manejan en la sombra a Zapatero para llevar a España a la catástrofe total! ¿Acaso no lo sabías?

Al final, queda demostrado que noticias como ésta son como Alejandro Sanz: un día están en lo más alto y al siguiente, de repente, desaparecen del mapa. Quizás el chaval falsamente acusado decida que ahora sí que está harto de este jodido sistema mentiroso y se inmole ante las puertas del Parlamento, pero esa será otra historia. Lo que de verdad importa, es la moraleja de la que aquí nos ocupa. Cuando los políticos avivan un suceso violento aislado para conventirlo en la norma y legitimarse en su victimismo, con el mero hecho de ganar posiciones en las encuestas, los daños colaterales recaen sobre los pobres inocentes que pasaban por ahí.Y la democracia termina convertida en puro simulacro.

P.D.: La agresión no debería servir para lavar los trapos sucios del consejero de Cultura (que son muchos, una implicación en una oscura trama corrupta, el principal), sino como advertencia ante la impunidad política en casos como este. Cuando la justicia no actúa como debiera, la rabia ciudadana no tiene otro canal de escapatoria que la violencia. La demagogia política y la falta de transparencia sonel verdadero obstáculo a la democracia. Lo demás son pamplinas y simulacros varios. En el video, el consejero habla de cómo convertir la realidad precisamente en ficción:

Obsolescencia programada: Se denomina así a la determinación, planificación o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio de modo que este se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible tras un período de tiempo calculado de antemano, por el fabricante o empresa de servicios, durante la fase de diseño de dicho producto o servicio.

 

Un impactante documental mostraba el pasado domingo en La 2 cómo las grandes multinacionales delimitan una fecha de caducidad a sus productos tecnológicos a corto plazo con tal de hacer viable su producción sostenida. La industria capitalista moderna impone la necesidad de crecer siempre más y más, lo que supone un incremento exponencial de la producción a cada día que pasa. La jornada en la que, por el contrario, la economía registra una caída de la producción o de los beneficios, el sistema se resquebraja.

No es ningún secreto a voces que las impresoras tienen delimitada una vida (cada vez más) corta. El documental de la 2 nos muestra como los fabricantes introducen a los aparatos un chip con el que controlar fácilmente cuántas impresiones podrá realizar antes de que su dispositivo deje de funcionar. La cultura consumista nos empuja a eso: comprar, tirar, comprar. En las sociedades antiguas, incluso en otras culturas, se hacía impensable desechar un producto poco tiempo después de haberlo comprado. Hoy, a nadie le alarma que un ordenador dure poco menos que dos años, o que un móvil se estropee a las primeras de cambio. La decisión al respecto es fácil: lo tiro y me compro otro, más moderno. Y así es como gira la ruleta capitalista, cómo el sistema subsiste, creando puestos de trabajo y generando “riqueza”.

El problema son, como siempre, los costes morales. El deterioro ecológico de un sistema que no resiste más. El coste medioambiental de un sistema de transportes sobreexplotado, simbolo inequívoco de la libertad de comercio y la globalización. Comemos cerezas en invierno, y a nadie le extraña. Proceden de algún país sudamericano y la huella ecológica que generan seguramente perjudica más a los agricultores a largo plazo que el supuesto beneficio que genera el libre comercio en los países pobres. El sistema de la obsolescencia programada comporta situaciones kafkianas, como la de la empresa que comercializa los platános de Canarias, cuya producción es transportada a Gran Bretaña, donde son empaquetados, y luego devueltos de nuevo a Canarias. Todo vale, parece, si a la empresa le sale más barato y puede ahorrarse costes laborales.

En 1911 se anunciaba a bombo y platillo la creación de bombillas con una duración certificada de 2500 horas. Sin embargo, en 1924, los principales fabricantes crearon un cártel secreto en el que se pactó limitar esa vida útil a 1000 horas. Disponemos de la tecnología suficiente como para aumentar la productividad, mejorando las condiciones laborales de lxs trabajadorxs, incluso reduciendo las horas de trabajo. Sin embargo, el neoliberalismo preconiza la eliminación de los derechos conseguidos en décadas de lucha social, el ajuste del cinturón y el tijeretazo a las pensiones. ¿Alguien se lo explica? ¿Alguien se explica que, como narra el reportaje televisivo, unas medias de nylon se dejen de usar porque eran “demasiado resistentes”, haciendo que la gente comprara meno?

Otro coste de la obsolescencia programada es el increíble volumen desperdicios que genera. La basura se amontona, los países ricos ya no saben donde guardarla. En los últimos años, se ha producido una nueva corriente: la de mandar contenedores repletos de residuos tecnológicos del primer mundo a África. Algunos activistas de los países pobres recopilan trozos de ordenadores Apple (una empresa que se presenta como responsables con el medio ambiente) para demandar a las multinacionales responsables, hartos de que los países ricos inunden su patio trasero de basura.

Tenemos a nuestra disposición las herramientas para crear una economía más sostenible, basada en el decrecimiento, ecologicamente viable y moralmente beneficiosa para todos y todas y, aún así, nos resignamos a seguir por la vía del desperdicio y la injusticia. El sistema económico actual conduce hacia el desastre. Si no reducimos el volumen de producción de las sociedades post-capitalistas, el apocalipsis medioambiental será inevitable. Lo peor es que esa tendencia a usar y tirar rápidamente se impone en la vida moderna en todos sus ámbitos. Las relaciones amorosas, las de amistad: todo pasa por ser una experiencia rápida y liberadora, donde se pierde la calidad en beneficio de la cantidad.

Manel Fontdevila, publicado en Público.

Ha vuelto a suceder. De nuevo, otro cargo público elude ser condenado por sus delitos. Carlos Fabra y la cúpula del PP habrán respirado tranquilos. Los jueces están con ellos. Si aún cabía alguna duda, definitivamente ha quedado despejada. Una artimaña legal ha permitido a su abogado alegar la prescripción del delito fiscal, pese a estar comprobado por la Agencia Tributaria. Una vez más, se pone de manifiesto que el Estado español no es de “Derecho”, sino de derechas (aunque lo cierto es que no funciona “a derechas”). También se confirma que la justicia es ciega, pero sólo cuando juzga a los poderosos, en cuya circunstancia juega la carta de alentar la impunidad política.

En la teoría jurídica, todos los individuos somos iguales ante la ley. En la práctica, unos lo son más que otros. En la teoría, Camps, Fabra, Barberá, Zaplana, Ripoll, Costa, Blasco y un largo etcétera de cargos políticos deberían de haber sido inhabilitados de por vida. En la práctica, el gallo que canta es otro (y no precisamente el gallo rojo de la canción popular). Kafka debe estar saludando con el sombrero levantado los sucesos de la vida político-judicial de este país, sobre todo teniendo en cuenta que, contra toda lógica, contra todo pronóstico, cuanto más nivel de corrupción recae sobre un político, más asciende éste en las encuestas. Camps volverá a ser elegido y Fabra ya se está planteando presentarse de nuevo, algo que antes del juicio tenía descartado.

La sentencia del cacique mayor de Castellón es, además, la confirmación de que en el País Valenciano vivimos un momento de excepcionalidad democrática. Aquí, el estado de alarma es perpetuo, desde la llegada al trono de la Generalitat del Molt Honorable. Alfonso Rus habló en cierto acto público de “rematar” a los profesores, acto seguido de llamarles “gilipollas” por emplear palabras “excesivamente catalanizadas” (sic). Está grabado, pero el juez, en un difícilmente acto de miopía, lo exculpó en el juicio que interpusieron contra él los aludidos, por injurias. El otro día, un fotógrafo  del diario Levante-EMV oyó lo que no tenía que oír en una comida que Rus ofreción con los periodistas: “Si la gente supiera lo que haría Rajoy, no lo votaría”. Así, público y notorio. Pues bien, faltó el aire para que el político amenazara con llevar el caso a los tribunales, negando haber dicho nada.

En cuestión está si nuestros políticos son en la práctica ciudadanos o si, por el contrario, actúan en un mundo externo, ajeno a toda ley. Si así fuera, la democracia valenciana estaría en el alambre, estrangulada por la dictadura de una clase política que no atiende a razones, que reclama en público lo que niega en privado. La vida privada de los políticos, lo que hagan con su dinero o con sus chancullos, a todos nos atañe, en el momento en que se beneficien de un cargo público para que toda su familia reciba regalos de un Papá Noel al que todos llaman “El Bigotes” o cuando una obra se adjudica a una empresa por el mero hecho de que su propietario esté afiliado al Partido Popular. Que el poder ejecutivo tutele al judicial tampoco ayuda. Hace falta una mayor independencia de los jueces, si éstos son nombrados a dedo por los partidos, ¿cómo vamos a esperar que quienes nos gobiernan se sientan amenazados?

El resultado de todo ese clima de impunidad es, como no, la desafección generalizada hacia la vida política.  La filosofía del “todos son iguales” no solo es falsa y populista, sino que ha sido promulgada por los adalides del nuevo liberalismo con tal de reducir el peso del gobierno y del estado al mínimo.

Objetivo cumplido. Mientras la derecha derrama litros y litros de cava para celebrar la defenestración profesional de Iñaki Gabilondo, el periodismo trata de recuperarse de otra estocada mortal para quienes defendemos el libre ejercicio de la profesión. Se veía venir, la entrada en Prisa de capital financiero extranjero y la reestructuración de la firma ha provocado el cierre de CNN+, con el consiguiente número de despedidos. Por supuesto, la información no vende. Como mucho, otorga prestigio al canal que la reproduce. No se puede concebir que un canal de noticias 24 horas dé beneficios. Pero ninguna duda cabe del enorme servicio a la sociedad que presta. El marco de la TDT, además, parecía proporcionar una base factible, una plataforma idónea para que se incluyera un canal diferente, distintinto, ávido de profundos análisis sobre la actualidad informativa.

Eso es lo que precisamente ofrecía Gabilondo. Más allá de su excesivo partidismo, nadie duda de la profesionalidad de un periodista que se ha convertido en uno de los últimos iconos de la comunicación en España. Él nos enseñó a huir de la tiranía de la objetividad, donde se refugia la desinformación, y nos ayudó a comprender mejor la realidad a través de un tratamiento reflexivo y crítico de la cotidiana realidad. “Que se cierre un medio de comunicación es una desgracia para la sociedad, y demuestra que ésta se encuentra enferma de radicalidad y de hostilidades”. Son las últimas palabras del profesional en la emotiva despedida del pasado 23 de diciembre. Se va, junto a él, otro ejemplo de periodismo comprometido: Antonio San José, uno de los máximos hacedores del sueño (tornado espejismo) que constituyó durante años CNN+. Dicen que se va a Cuatro, ahora controlada por el grupo que maneja Telecinco, y cuyos servicios informativos cada vez se parecen más a los del canal de Berlusconi, prácticamente solo apoyadas  las noticias en videos sensacionalistas y con escaso interés informativo.

“El periodismo debe ser un oficio útil para la sociedad”, prosigue Gabilondo. Hoy, sin embargo, esa utilidad se desvanece, asfixiada por la deprabación moral de esa sociedad y por la injusta tiranía que rige el mundo de los negocios (y la comunicación, no lo olvidemos, está sometida a ese régimen). El derecho a la información está condicionado al poder empresarial de imponer sus necesidades sobre las necesidades de la ciudadanía La caída de Gabilondo es una derrota para la dignidad del periodismo, una herida insanable para la sociedad y quizás el fracaso más sonado de la TDT como plataforma multicanal. Muchos canales, sí, pero pocas voces, poca innovación y nula calidad de contenidos de la “nueva televisión interactiva”.

Quien gana es ese lobby difuso que conforman ciertos conservadores con la suficiente influencia como para quitarse del medio a las figuras que puedan ser un impedimento para imponer el reino del uniformismo y la mediocridad: los mismos que en este mismo año han conseguido quitarse también del camino al juez Garzón por juzgar el franquismo y la corrupción del PP. Dos pesos pesados que representan la decencia contra la tiranía y la opacidad, Garzón y Gabilondo, defenestrados por una casta de políticos y empresarios que huyen de la idea de que el pueblo sea un pueblo sabio y conocedor de los entresijos que se esconden tras la superfície de una realidad que nos pretenden camuflar. Ambos, a propósito, compartieron espacio en el último programa de “Hoy”. Una entrevista entre dos fantasmas, dos ángeles caídos, en un medio fantasma, anacrónico, imposible en estos tiempos.

¡Qué cobardes los políticos españoles!”. La frase, de Alejandro Sanz, pasará a la historia como locución contra la cual más ciudadanos se han unido en tan poco tiempo. Las voces insultantes contra el cantante -testaferro y siervo de la SGAE- colapsaron Twitter el mismo día en el que el Congreso logró tumbar la ley Sinde, una normativa dictatorial que preveía el cierre cautelar de webs y la vulneración de los derechos de los usuarios, dando cova a todo tipo de acciones judiciales incompatibles con un Estado de Derecho.

Combatir a la red es imposible. Internet es un mecanismo descentralizado, basado en el hipertexto infinto. Es, por lo tanto, imparable, porque lo abarca todo y porque su capacidad para regenerarse colisiona de lleno con cualquier normativa que trate de regularlo. Los ciberataques que, en los últimos días, se han sucedido contra los partidos políticos y las webs institucionales como medida de choque para frenar la legislación demuestran el poderío que los cibernautas han adquirido si deciden movilizarse -también es triste comprobar que la gente solo se moviliza cuando le tocan las páginas de descargas, es cierto-. El grupo de hacktivistas de Anonymous también han demostrado como la desobediencia civil en línea puede ser terriblemente efectiva y cumplir con creces su propósito, dejando sin servicios a webs de bancos, tarjetas de créditos e instituciones varias.

Frente a ese imparable crecimiento, existe todavía una serie de sectores culturales que parecen anclados en las postimetrías del siglo XIX. La industria discográfica se descalabra y necesita como sea movilizar a los artistillas de poca monta para seguir vendiendo discos (incluyendo a “los de la ceja”). Sin embargo, lo que hacen estos “creadores” al dar su opinión en los medios es desinformar a la ciudadanía. No son conscientes de los datos, que indican que la actividad económica en la que se mueven es hoy imposible de rentabilizar. Es incompatible con el libre mercado (lo demuestran en el blog de PEriodistas 21). Los discos no han dejado de subir, mientras decae el poder adquisitivo de la ciudadanía, horrorizada ante la posibilidad de tener que pagar 30 euros por el disco de su artista favorito (donde, quizás, se salven dos o tres canciones). La plataforma de pago Spotify, sin embargo, demuestra como hay un nuevo campo -la venta en Internet- que debe ser explotado si estos artistas quieren seguir viviendo del cuento (sí, digámoslo claro).

Vivir del cuento en no producir, vamos. Se llaman a sí mismos “creadores”, pero tan sólo son oportunistas que supieron estar en el momento adecuado cuando era necesario. Las discográficas quizás se fijaron en ellxs porque tenían una cara mona o porque cantaban bien. Lo demás fue coser y cantar. Alejandro Sanz, una de las cabezas más visibles del movimiento Pro-“derechos de autor” ni siquiera paga sus impuestos en España. Ojo, hablo tan solo de los músicos -quienes deberían ganarse la pasta en los escenarios, currándoselo, está demostrado que quien más tajada saca de las ventas de discos son las discográficas-. En cuanto al sector del cine, Álex de la Iglesia tiene razón al clamar contra los ingresos desmesurados de las telefónicas en España por el acceso a Internet. Una película supone un gran esfuerzo, pero De la Iglesia supongo que será consciente de que su sector es de los más subvencionados de Cultura. Cabe una regulación, sí, pero ésta en ningún momento debe ser impositiva, sino que debe centrarse en abrir nuevos mercados, si se quiere, en mostrar nuevas posibilildades donde se aunen calidad y comodidad para el usuario.

El debate está abierto. Para quienes únicamente nos bajamos películas que no están de estreno o que escuchamos música de grupos cuyos derechos no están protegidos por la Industria, no queremos vernos perjudicados por aquellos que, ávaros de beneficios y de ventas millonarias a costa de no trabajar, quieren chuparnos la sangre por consumir cultura, un arte tras el cual están las ideas de la ciudadanía, que en ningún caso deben quedar registradas y ser privadas del resto de ciudadanxs. La red debe ser libre, qué duda cabe, y lo seguirá siendo, porque los cibernautas encontrarán nuevas formas de salirse con la suya y de ejercer sus derechos.

Al final ha sucedido. Conforme han ido pasando las semanas, las publicaciones de Wikileaks efectuadas a cargo del diario El País han acabado derivando en una información parcial utilizada con los fines propios del emporio mediático del grupo Prisa. No hay duda de que el diario español ha priorizado utilizar los cables en su propio beneficio,  sacando a la luz mayoritariamente aquellos que vienen a refutar su línea editorial y controlando en todo momento que el proceso no pudiera derivar en un escándalo demasiado evidente ante la opinión pública.

Mediante ese mecanismo, la lógica del control de la información se ha impuesto: Cuba y Venezuela centran las páginas del diario dirigido por Javier Moreno, así como otros países cuyos intereses no entran en el círculo  e amigos del grupo empresarial español. ¿Es realmente Cuba –una pequeña isla del caribe- tan importante como para acaparar tantas informaciones –algunas verdaderamente inefables, como que Fidel Castro sufrió un día un desmayo-? Mientras tanto, otros países igual o más de autoritarios –ojo, no digo que en Cuba reine la libertad- escapan de la furia del huracán Wikileaks. ¿Por qué? ¿En qué medida El País estará publicando todos los cables realmente relevantes ¿Cómo sabemos que no está hilando tan fino que muchas publicaciones con información imprescindible para la opinión pública no se han quedado por el camino?

El error de Assange –a mi juicio- ha sido dotar del monopolio de los cables únicamente a cuatro o cinco periódicos del mundo. De esta forma, lo que comienza siendo una información libre, sin ambages, termina cayendo en los tentáculos de unos medios poco neutrales que neutralizan la parcialidad para llevar los hechos a su propio terreno. Sometida a la manipulación que subyace en periódicos tan monitorizados empresarialmente como El País, el fenómeno Wikileaks pierde brillo. Assange tomó la decisión de ofrecer los cables escalonadamente y a un pequeño grupo de medios después de que la anterior filtración, correspondientes a papeles de la guerra de Irak, causara sonoros estragos en su organización por la furia con que el “periodismo libre” se lanzó sobre él. Pero con su  última decisión buena parte del potencial de transparencia que profetiza Wikileaks se pierde por el camino.

Otras informaciones contribuyen a reforzar esa tesis. Como sobre todo héroe, sobre Assange comienzan a recaer las más explícitas sombras –y no me refiero a la manida sospecha de agresión que pesa sobre él-. Un medio de izquierdas publicaba esta semana que Julian habría pactado con el gobierno de Israel para evitar difundir información perniciosa sobre el país en la última oleada de filtraciones. Su fuera cierto, el mito quedaría emborronado. Efectivamente, no hay nada que salpique al Estado creado de la nada; por otra parte, uno de los más apetitosos en cuanto a conocer su información oculta. Otros acusan a Assange de dictador. ¿Se le habrá subido el éxito a la cabeza? Buena parte de su ex organización ha montado otra plataforma paralela, con la misma idea de difundir información confidencial: Openleaks. Nadie duda de la hazaña de Assange, pero mitificar su persona no ayudará a comprender la realidad. Tampoco ayudará que unos pocos medios sigan ofreciendo los cables  a la ciudadanía en oligopolio, por supuesto. Ni salvaguardar “la seguridad de Occidente” ni ratificar su línea editorial lo justifica.

Hoy es el Día Internacional del Migrante. Una fecha con poco con celebrar y mucho que reformar. Entre esas medidas pendientes: el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), cárceles exlcusivas para “inmigrantes sin papeles” donde los presos viven en condiciones inhumanas, a veces retenidos durante varias semanas, ajenos a toda legalidad y siendo vulnerados su derechos humanos. Un reportaje del medio Periodimo Humano analiza las penalidades que sufren en estos centros, muy recomendable. Hoy se han convocado en las principales ciudades del Estado Español marchas por el cierre de estas cárceles.